Por: Ivanova Hernández
A pesar de la lucha que en últimos tiempos, el Gobierno Bolivariano libra contra los estafadores inmobiliarios, en el esfuerzo por velar que los distintos tipos de financiamiento de vivienda sean justos y de garantizar derechos a quienes se les ha violado, aun se mantiene en el país, un remanente grande de familias, que sobrelleva el viacrucis de ver amenazado su sueño de casa propia.
La oferta engañosa, la usura genérica y continua, los delitos económicos financieros, la estafa, la concurrencia para delinquir, el enriquecimiento y la apropiación indebida, son solo algunos de los delitos que han cometido y siguen cometiendo las llamadas mafias de la construcción. Organizaciones privadas maniobreras, capitalistas y tramposas que vinieron operando a su antojo en todo la geografía patria en contra del pueblo.
El Estado Nueva Esparta no escapa de esta lamentable realidad. En la Isla de Margarita existen numerosas víctimas de estafas por parte inescrupulosas empresas constructoras. Es una verdad conocida por algunos y desconocida por muchos. Veamos.
Cifras que se extienden
En el contexto nacional, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) contabiliza en las salas situacionales casi 7 mil denuncias inmobiliarias, lo que representa más de 34 mil familias afectadas.
Según este organismo, las denuncias inmobiliarias, que estaban alrededor de las 1.700, antes de la publicación de la resolución del 30 de noviembre de 2010 emitida por el Ejecutivo Nacional sobre las diferentes medidas de ocupación temporal y expropiación, ya superan las 6.700.
Los estados con mayor reporte en contra de constructoras por cobro indebido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y firma de nuevos contratos con aumentos exorbitantes son: Carabobo, Aragua, Miranda, Zulia, Portuguesa, Lara, Anzoátegui y Nueva Esparta. En este estado son 1.200 las familias estafadas.
El costo de un sueño
La profesora Clara Piña, forma parte de este conglomerado en territorio insular. Su historia, idéntica a la de tantos, es la siguiente. En 2006, conoce el urbanismo Doral Margarita Vill, ubicado en villa Juana, en la autopista Juan Bautista Arismendi, Municipio Díaz. Folletos a full color, cuñas de radio, avisos en revistas, todo en apariencia, era una maravilla. La ofrecía la compañía Margarita Building Corp, con propiedad mayoritaria de Ángel Simosa Hernández.
En ese momento, el costo para adquirir su vivienda en dicho conjunto era de Bs 120 mil (120 millones antes de la reconversión). La educadora hace un primer desembolso de Bs 40 mil, que cubre con sus prestaciones sociales. Y la cantidad restante plantea pagarla por Ley de Política Habitacional, con financiamiento a través de un banco privado.
Esta mujer de clase media entrega en Enero 2007 al IPAS – ME (Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación), su documentación para aspirar al crédito habitacional, pero este trámite es rechazado porque la vivienda aún no estaba construida.
Empieza la pesadilla
Transcurre más de 1 año y en vista de que la constructora no concluye el inmueble, lleva el 11 de abril 2008, una denuncia ante el Instituto para Defensa de Consumidores y Usuarios (Indecu), hoy Indepabis. Cosa que hizo de manera conjunta con otras 10 personas en situación similar.
Adicionalmente, en Enero 2009 a título individual, interpone ante el Tribunal Primero de la Asunción, una demanda por cumplimiento de contrato que fue admitida, vía ejecutiva, por la jueza Teresa Vásquez. Sin embargo la contraparte no se presenta. La jueza es ascendida y ese tribunal lo asume como suplente, en marzo 2009, el abogado José Antonio García, proveniente deAnzoátegui, quien en menos de 15 días, determinó, sorpresivamente la extinción de la causa, explica.
Según Piña, su propio abogado, el que contrató para su defensa “se dejó sobornar, convino bajo cuerda con el juez y la abogado de la contraparte”. Por este hecho que la dejaba desamparada, denunció ante la Inspectoría de Tribunales en Caracas al citado juez, quien fue separado de ese cargo, dejando a ese tribunal sin cabeza durante 9 meses.
Respuesta al descaro
En 18 de junio 2009, el Indepabis les concede a los afectados una providencia de enajenación y gravar que protege al inmueble e impide a los empresarios la venta de las viviendas a otras familias, porque pretendían aumentarlas de precio. Como en efecto lo hicieron, con una modificación de contratos, bajo el alegato de su vencimiento y el aumento descarado de 120 mil a 320 mil bolívares. Es decir el 166 % de más, situación que por supuesto, fue rechazada por las familias compradoras.
Particulamente, Piña sostiene que en su condición de madre soltera no tenía como pagar tal suma, ya que para ello debería poseer ingresos mensuales de al menos 10 mil bolívares. Cosa que le es imposible ejerciendo la profesión docente. Era ya momento de llevar la denuncia a otro nivel.
La oferta engañosa, la usura genérica y continua, los delitos económicos financieros, la estafa, la concurrencia para delinquir, el enriquecimiento y la apropiación indebida, son solo algunos de los delitos que han cometido y siguen cometiendo las llamadas mafias de la construcción. Organizaciones privadas maniobreras, capitalistas y tramposas que vinieron operando a su antojo en todo la geografía patria en contra del pueblo.
El Estado Nueva Esparta no escapa de esta lamentable realidad. En la Isla de Margarita existen numerosas víctimas de estafas por parte inescrupulosas empresas constructoras. Es una verdad conocida por algunos y desconocida por muchos. Veamos.
Cifras que se extienden
En el contexto nacional, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) contabiliza en las salas situacionales casi 7 mil denuncias inmobiliarias, lo que representa más de 34 mil familias afectadas.
Según este organismo, las denuncias inmobiliarias, que estaban alrededor de las 1.700, antes de la publicación de la resolución del 30 de noviembre de 2010 emitida por el Ejecutivo Nacional sobre las diferentes medidas de ocupación temporal y expropiación, ya superan las 6.700.
Los estados con mayor reporte en contra de constructoras por cobro indebido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y firma de nuevos contratos con aumentos exorbitantes son: Carabobo, Aragua, Miranda, Zulia, Portuguesa, Lara, Anzoátegui y Nueva Esparta. En este estado son 1.200 las familias estafadas.
El costo de un sueño
La profesora Clara Piña, forma parte de este conglomerado en territorio insular. Su historia, idéntica a la de tantos, es la siguiente. En 2006, conoce el urbanismo Doral Margarita Vill, ubicado en villa Juana, en la autopista Juan Bautista Arismendi, Municipio Díaz. Folletos a full color, cuñas de radio, avisos en revistas, todo en apariencia, era una maravilla. La ofrecía la compañía Margarita Building Corp, con propiedad mayoritaria de Ángel Simosa Hernández.
En ese momento, el costo para adquirir su vivienda en dicho conjunto era de Bs 120 mil (120 millones antes de la reconversión). La educadora hace un primer desembolso de Bs 40 mil, que cubre con sus prestaciones sociales. Y la cantidad restante plantea pagarla por Ley de Política Habitacional, con financiamiento a través de un banco privado.
Esta mujer de clase media entrega en Enero 2007 al IPAS – ME (Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación), su documentación para aspirar al crédito habitacional, pero este trámite es rechazado porque la vivienda aún no estaba construida.
Empieza la pesadilla
Transcurre más de 1 año y en vista de que la constructora no concluye el inmueble, lleva el 11 de abril 2008, una denuncia ante el Instituto para Defensa de Consumidores y Usuarios (Indecu), hoy Indepabis. Cosa que hizo de manera conjunta con otras 10 personas en situación similar.
Adicionalmente, en Enero 2009 a título individual, interpone ante el Tribunal Primero de la Asunción, una demanda por cumplimiento de contrato que fue admitida, vía ejecutiva, por la jueza Teresa Vásquez. Sin embargo la contraparte no se presenta. La jueza es ascendida y ese tribunal lo asume como suplente, en marzo 2009, el abogado José Antonio García, proveniente deAnzoátegui, quien en menos de 15 días, determinó, sorpresivamente la extinción de la causa, explica.
Según Piña, su propio abogado, el que contrató para su defensa “se dejó sobornar, convino bajo cuerda con el juez y la abogado de la contraparte”. Por este hecho que la dejaba desamparada, denunció ante la Inspectoría de Tribunales en Caracas al citado juez, quien fue separado de ese cargo, dejando a ese tribunal sin cabeza durante 9 meses.
Respuesta al descaro
En 18 de junio 2009, el Indepabis les concede a los afectados una providencia de enajenación y gravar que protege al inmueble e impide a los empresarios la venta de las viviendas a otras familias, porque pretendían aumentarlas de precio. Como en efecto lo hicieron, con una modificación de contratos, bajo el alegato de su vencimiento y el aumento descarado de 120 mil a 320 mil bolívares. Es decir el 166 % de más, situación que por supuesto, fue rechazada por las familias compradoras.
Particulamente, Piña sostiene que en su condición de madre soltera no tenía como pagar tal suma, ya que para ello debería poseer ingresos mensuales de al menos 10 mil bolívares. Cosa que le es imposible ejerciendo la profesión docente. Era ya momento de llevar la denuncia a otro nivel.
Una a favor
En junio 2009, la Asamblea Nacional responde el llamamiento de las familias afectadas y a través de la comisión de Vivienda y Servicios Públicos que presidía Darío Vivas, se diseña el llamado Plan antí FEU (Fraude, Estafa y Usura). Concurren el Indepabis, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, dirigido entonces por el hoy diputado Diosdao Cabello, quien particularmente se empeñó en destapar esta olla y atacar a las empresas estafadoras.
En ese marco, se promulga el Decreto 110, que prohíbe el cobro indebido del IPC (índice Nacional de Precios al Consumidor), el cual da pie para que cientos de familias acudan de nuevo al Indepabis, con una denuncia administrativa. Y ante la Fiscalía con una denuncia penal.
Clara, que vivía en Caracas, se muda a la isla para hacer seguimiento a la demanda. Meses después la Fiscalía imputa a la compañía Margarita Building Corp, y al empresario, por los supuestos de estafa y usura continua. Y en enero 2010, una medida de protección dictada por el Tribunal Penal de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, favorece a la educadora, en virtud de que sobre ella recaían amenazas.
Ir y venir
Una vez más, de manera individual, Clara Piña, intenta en Febrero 2010, otra demanda por cumplimiento de contrato. Sin embargo, la parte demandada tampoco se presenta pero arremete en Marzo 2010, con una contra demanada por resolución de contrato en el Tribunal de Municipio García, Tubores y Díaz. En diversas ocasiones, la educadora fue citada por supuesta mora en el pago del bien negociado.
Así, el empresario acudía al uso clásico de prácticas dilatorias, buscando que los denunciantes se dispersaran, cansaran y desistieran. La empresa logra que el tribunal dicte una medida de secuestro, con lo cual, no sólo Clara Piña, se quedaría hasta sin las llaves de la vivienda, sino que obviaba aquella medida administrativa tomada por el Indepabis, que en junio 2009, le había dado posesión, explica.
Sin embargo, el 13 de Agosto 2010, este mismo tribunal, revierte esta medida de secuestro en contra de la educadora, en virtud de que es una instancia de menor cuantía y no tenía competencia para dejar sin efecto las decisiones del Indepabis.
Una luz…
La lucha de tantas familias estafadas, de pronto, consiguió una nueva luz al fondo del túnel. El Gobierno Bolivariano del presidente Hugo Chávez, haciendo oídos de las casi 2 toneladas de denuncias (si es que cada una pesara 1 kilo) existentes para ese entonces a nivel nacional, decidió intervenir de manera frontal.
En la emisión 387 del programa Aló Presidente, el comandante ordena que se otorguen las providencias de ocupación de viviendas y se emitan las correspondientes multas y acciones en contra de las constructoras involucradas en incumplimiento, estafa y usura. Igualmente solicita al Instituto Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana (Inapymi) la entrega de créditos a aquellas personas que lo necesiten para mejorar la habitabilidad de sus viviendas, esas que las empresas estafadoras ni concluyeron ni entregaron.
Así, el 15 de noviembre de 2010, el Indepabis multa a la constructora de la vivienda de Clara Piña, a razón de 5.000 unidades tributarias y ordena su entrega inmediata y ocupación. Hecho que se interpreta, si se quiere como un acto de justicia social y un triunfo parcial, de quienes tuvieron el sueño de tener casa propia y fueron sorprendidos por capitalistas salvajes.
La gris espera
No obstante, las preocupaciones de Clara no terminan, ya que a su decir, no cuenta aún con un documento que les otorgue propiedad definitiva y por consiguiente, tranquilidad. Y además encuentra la vivienda en estado inhabitable, en obra gris: paredes sin frisos, sin baños, sin escaleras, sin pisos, sin servicios.
Lamenta que en Nueva Esparta, no existe oficina del Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi) que les pueda suministrar el apoyo y beneficiar con las acciones que el presidente Chavez instruyó respecto a la ayuda y financiamiento en estos casos.
Ya han transcurrido más de 5 años, esperando una acción contundente por parte de las instituciones del Estado, a las que, las familias en este caso, han acudido en la región capital, para dar fin a esta situación. Ello les ha significado millonarios gastos en pagos de alquiler y decenas de viajes. “Nos salieron canas”
1.200 familias, 37 constructoras
Ahora, Clara Piña, actúa como vocera de la mesa técnica de trabajo de los estafados por empresas inmobiliarias en el Estado Nueva Esparta, una entidad que se constituyó en octubre 2010 por instrucción del vicepresidente de la República, Elías Jagua, con el propósito de recibir y procesar las denuncias.
Hasta el momento la data de estafados y estafadores, enseña que en la Isla de Margarita son 1.200 familias y 37 constructoras.
Clara concluye manifestando que junto con cientos de personas estafadas seguirá batallando para hacer valer sus derechos, con la esperanza de que con la denuncia y la acción judicial, ahora que tienen el respaldo del Gobierno Bolivariano, todas las familias encontrarán solución definitiva y completarán su sueño: vivienda propia y digna.
La Lista
La data estadística de desarrollos habitaciones, empresas estafadoras y denuncias procesadas (entre individuales y colectivas) en el Estado Nueva Esparta, municipio por municipio, es la siguente:
Próxima entrega. "El hombre de la etiqueta: un estafado más"
Este artículo puedes leerlo íntegramente también en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?481252
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